El Comité Internacional de los Derechos Humanos, los Embajadores de Justicia y Paz y los Derechos Humanos R.D expresan su descontento con el traslado de más de 42 miembros de la dotación de Hato Mayor.

Según la ley 96-04 que rige la Policía Nacional, los agentes policiales deben recibir viáticos para su alimentación y hospedaje por razón de servicios, y que le sean reembolsados los gastos por transporte. Lamentablemente, esta medida nunca se pone en práctica. Los agentes que son trasladados a municipios y provincias tienen que afrontar todos los gastos que el traslado genera, violentándose el artículo 59 de la ya mencionada ley.

La situación de estos agentes es crítica, algunos de ellos estudian en las universidades de La Romana y se verán obligados a abandonar sus estudios superiores. Además, la provincia de Hato Mayor del Rey está en este momento a merced de los delincuentes, al no ser sustituidos los agentes de manera rápida, con celeridad como demanda una situación de esta magnitud.

En este sentido, nuestro presidente Miguel Mota Rambalde y las instituciones que dirige, cumpliendo con el honroso compromiso de salvaguardar los derechos ciudadanos, solicitan al Director General de la Policía Eduardo Alberto Then que haga uso de sus buenos oficios y que envíe de nuevo a Hato Mayor a esos dignos agentes que ponen sus vidas en peligro a cada momento en su encomiable labor de conservar el orden público.

Teniendo en cuenta los esfuerzos infrahumanos que ha hecho nuestro honorable presidente, el Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, por fortalecer la paz y el orden público, sabemos de antemano que tendrá una intervención efectiva y oportuna para que esos agentes regresen a sus posiciones y sigan brindándole a esta provincia la encomiable labor que venían realizando, reduciendo la delincuencia a su mínima expresión.